A partir de las 8 de la mañana de este lunes, la Fiscalía General de la Nación hará la imputación de delitos a dos diputados del Atlántico, dos concejales de Barranquilla, dos exconcejales y una candidata a la Cámara de Representantes, dentro de la investigación por corrupción electoral en el departamento.

De acuerdo con el ente acusador, con base en el recaudo probatorio dentro de la “Operación Casa Blanca” que involucra a la Senadora electa Aida Merlano, serán imputados los siguientes delitos:

- A la candidata a la Cámara de Representantes por Atlántico, Lilibeth Llinás, los delitos de concierto para delinquir y corrupción de sufragante en concurso homogéneo y sucesivo.

- A los diputados del Atlántico, Jorge Rangel y Margarita Balén, los delitos de concierto para delinquir y corrupción de sufragante en concurso homogéneo y sucesivo.

- A los Concejales de Barranquilla, Aissar Castro Bravo y Juan Carlos Zamora Callejas, los delitos de concierto para delinquir y corrupción de sufragante en concurso homogéneo y sucesivo.

- A los exconcejales, Aissar Castro Reyes (de Barranquilla y padre de Aissar Castro Bravo) y Vicente Támara (de Soledad), los delitos de concierto para delinquir y corrupción de sufragante en concurso homogéneo y sucesivo.

Según la Fiscalía, gracias al trabajo de más de 50 investigadores y de más de 2.112 horas de video y audios recaudados, se pudo establecer que la red de corrupción electoral se trataba de una organización delictiva que operaba como una empresa al servicio de campañas políticas. Las evidencias recaudadas mostrarían que dicha organización operó desde 2015 durante las elecciones regionales y locales y actuó a fondo en el 2018, para los comicios al Congreso de la República. Audios obtenidos en el proceso dan cuenta que sus gestores manifestaban que para la próxima campaña irían a estar mejor porque iban a trabajar con un nuevo “sistema”.

“La organización funcionaba al servicio de candidaturas que eran apoyadas por un grupo de dirigentes políticos regionales que, a su vez, contactaban líderes encargados de reclutar electores de sus mercados cautivos. Tales electores recibían dinero a cambio de su voto, como si se tratara de una mercancía, a partir de fuentes de financiación ilícitas”, comunicó la Fiscalía cuando reveló detalles y resultados de la operación.